Los objetivos y las ideas

El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende, candidato de Unidad Popular, venció las elecciones presidenciales chilenas con algo más de un tercio -el 36,30%- de los votos. Los otros dos candidatos, Jorge Alessandri, del derechista Partido Nacional y Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, obtuvieron el 34,98% y el 27,84% de los votos, respectivamente. Unidad Popular era una coalición de seis partidos que, pese a sus divergencias tácticas, tenía un denominador común principal. En palabras de los líderes del Partido Radical, el 'menos izquierdista' de la coalición, "solamente fuera del sistema capitalista se encuentra la posibilidad de una solución para la clase trabajadora". "El Partido Radical es socialista y su lucha se encuentra dirigida a la construcción de una sociedad socialista... Aceptamos el materialismo histórico y la idea de la lucha de clases como medios para interpretar la realidad". (Declaración político-ideológica aprobada en la XXV Convención Nacional del Partido Radical de Chile en 1971).

El triunfo de Allende cogió por sorpresa al propio Partido Socialista, que en su Convención de 1967 en Chillán había declarado: "La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Es el necesario resultado del carácter violento y represivo del Estado-clase. Constituye el único camino que lleva a la toma del poder político y económico y a su consiguiente defensa". Sin embargo, en la visión marxista, gobierno y poder no tienen necesariamente por qué coincidir. Por ello, disponer del ejecutivo era tan sólo una oportunidad para facilitar el tránsito al socialismo. Mediante el control estatal de la economía se trataba, como dijo el marxista "independiente" Pedro Vuskovic poco después de su nombramiento como Ministro de Economía, de "destruir las bases económicas del imperialismo y de la clase dirigente, terminando con la propiedad privada de los medios de producción". La idea aparecía delineada aún con más detalle en el documento interno del Partido Socialista publicado a comienzos de 1972 como resultado de la sesión de autocrítica celebrada para evaluar el revés electoral sufrido en las elecciones parciales de 1972, tras algo más de un año de poder allendista. "Comprendemos que, en última instancia, el poder de la clase media reside en su poder económico... Es posible para el gobierno (por medio de la acción ejecutiva) destruir las bases del sistema capitalista de producción. Creando y expandiendo el 'área de propiedad social', a expensas de las empresas capitalistas y de la burguesía monopólica, podremos quitarles a ellos el poder económico", dado que: "El Estado burgués en Chile no puede servir de base al socialismo, es necesario destruirlo. Para construir el socialismo, los trabajadores chilenos deben utilizar su dominio sobre la clase media para apoderarse del poder total y expropiar gradualmente todo el capital privado. Esto es lo que se llama la dictadura del proletariado...".

Aunque los marxistas no se preocupaban excesivamente de ocultar sus objetivos, no dejaron pasar la oportunidad de esgrimir alguno de los "argumentos económicos" que los pseudo-economistas de la CEPAL (Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina) tuvieron la gentileza de proporcionarles. Así, la solución para la elevada inflación y el bajo crecimiento económico que los ya de por sí intervencionistas gobiernos anteriores habían generado pasaba por un cambio de "estructuras". Especialmente era necesario modificar la distribución de la renta y la riqueza para "incrementar el mercado interno", propiciando así el crecimiento económico. La inflación, lejos de estar causada por la masiva impresión de papel moneda para financiar el gasto público, era culpa de unos oligopolios que restringían la producción y elevaban los precios a su antojo.

También era necesario expulsar a los inversores extranjeros que estaban muy ocupados explotando el país, embarcando sus minerales al extranjero y repatriando a sus países de origen unos enormes beneficios que, al cabo de algunos años, eran muy superiores a la inversión inicial. Allende tenía pues "muy poderosas razones" para intervenir completamente la economía. Incluso cuando el país se quedó sin reservas en plena hiperinflación, tal hecho fue atribuido a la "desfavorable relación real de intercambio" que supuestamente estaban obligados a soportar los países de la "periferia" en su comercio con el "centro capitalista e imperialista".

Conviene detenerse, aunque sea brevemente, a examinar esta macedonia de falacias estructuralistas que tanto daño han hecho en América Latina. Si reparamos en el hecho de que "redistribuir" la riqueza y la renta es el término que los socialistas utilizan para la confiscación, a través del estado, de la propiedad y de sus utilidades, no es difícil concluir que dicha medida es todo menos beneficiosa para incentivar la producción y el crecimiento. Por otra parte, como advirtió el economista francés J. B. Say hace dos siglos: "la producción se adquiere con producción". La "extensión de los mercados" se amplía creando riqueza, no confiscándola. Es la producción, y no el consumo o la "redistribución", la que genera las rentas y, por tanto, el poder de compra.

Que las multinacionales y los inversores extranjeros explotan a los países subdesarrollados, embarcando sus materias primas hacia el extranjero y repatriando a sus países de origen unos enormes beneficios que, al cabo de algunos años, son muy superiores a la inversión inicial, es probablemente el argumento más repetido por los anticapitalistas a la hora de "explicar" la pobreza en el mundo. Si, por ejemplo, una inversión inicial de mil millones de dólares genera ingresos por beneficios más amortización de 300 millones anuales, no es difícil " demostrar" que al cabo de diez añoS los extranjeros habrán "saqueado" al país dos mil millones de dólares [(300 millones x 10 años = 3.000 millones) -1.000 millones de inversión inicial]. Claro que igualmente se puede "demostrar" que un empresario autónomo que arrienda su tractor y sus servicios a varios terratenientes les está explotando. Si, por ejemplo, es pagado con una parte en especie y otra parte en metálico, está "saqueando" a los latifundistas, pues al cabo de unos pocos años ha extraído de los cortijeros mucho más dinero del que invirtió en su tractor y además "ha embarcado para su casa" una parte de la cosecha...

No es difícil explicar por qué una cantidad de dinero o de bienes que se anticipa tiene más valor que esa misma cantidad de dinero o de bienes en un tiempo futuro. Si los préstamos hubiesen de ser reembolsados a su nominal pero sin intereses, todos podríamos disfrutar de dieciocho chalets, las mejores joyas y pieles, cincuenta plazas de garaje y la colección de arte del barón Thyssen. Bastaría obtener todo eso en préstamo y reembolsarlo en las mismas condiciones y sin "usura" cincuenta o sesenta años después. Si además se tiene en cuenta que el capital crea riqueza al permitir llevar a cabo procesos productivos que de otra forma requerirían una más larga espera, no hay ningún misterio en el hecho de que los terratenientes arrienden tractores o en que los estados puedan contratar con empresas inversoras la extracción de mineral obteniendo ventaja con ello. ¿No son los esbirros de Fidel Castro los que van por medio mundo tratando de atraer la inversión extranjera para la isla?

Desgraciadamente cuando el estado se puso a nacionalizar los yacimientos y a jugar a empresario, los supuestos beneficios jamás aparecieron. La riqueza que se iba a coger resultó que no estaba allí. Lejos de rapiñar, las multinacionales estaban creando riqueza. Lejos de aprovechar sus propios recursos, las empresas públicas de los países del tercer mundo dilapidaron los factores productivos que utilizaban. No sólo eso. Multiplicaron desorbitadamente su deuda pública. Razonaron que si las compañías multinacionales se endeudaban masivamente para adquirir el equipo capital y tecnológico y obtenían espectaculares beneficios explotando los recursos, bastaba con que ellos hicieran igual para que ese beneficio se quedará en casa. No existiría ningún problema para pagar la deuda pues las multinacionales no lo solían tener. Cuanto más deuda pública mejor. Esa deuda es la que ahora hay que "condonar" porque no puede ser pagada...

Sin embargo, la falsedad que más gracia siempre me ha hecho ha sido la de la "desigual" relación real de intercambio. Los sesudos "expertos" de la CEPAL construyeron cuadros con copiosos datos cuidadosamente -sólo cogían los que interesaba- seleccionados, demostrando que cada vez era necesaria una mayor cantidad de materias primas para adquirir una misma cesta de bienes manufacturados. Como las materias primas eran el "sueldo" de los países pobres -Allende llamaba al cobre "el sueldo de Chile"-, en tanto que los productos manufacturados eran elaborados en los países ricos, no era de extrañar que periódicamente los países pobres se quedasen sin reservas con qué pagar las importaciones. En realidad, nada tiene que ver la variación en el precio final de una unidad producida con el total de ingresos de una actividad. Por las mismas, un cuadro comparativo de la variación en los precios de un ordenador personal, del software informático o de un vídeo durante las tres últimas décadas, en oposición con los aumentos en el precio de un corte de pelo o de una hora de asistenta del hogar, nos llevaría a la curiosa conclusión de que los accionistas de Microsoft, IBM o Panasonic vienen padeciendo adversísimas y cada vez más deterioradas relaciones reales de intercambio con peluqueros y asistentas. Por tanto, lo que debe hacer Bill Gates es cerrar la empresa y dedicarse al abastecimiento autárquico de su familia.

Con semejantes objetivos y arsenal teórico, el gobierno Allende puso en marcha la vía chilena "democrática" al socialismo, que habría de durar tres años y que examinaremos en sus detalles prácticos a continuación.

La práctica

Cuatro expedientes fueron utilizados por Allende para "incrementar el poder económico del estado y expandir el área de 'propiedad social' a expensas de las empresas capitalistas y la burguesía". A saber: la intervención directa de empresas; la adquisición de acciones por el estado a través de los fondos presupuestarios y de un masivo déficit público; las requisas de aquellas empresas privadas que "habían fracasado en cumplir sus cuotas de producción o en mantener el abastecimiento" y finalmente la que acabó siendo conocida como "Operación Asfixia".

En la "transición democrática al socialismo" se trataba de utilizar todos los resortes que proporcionaba la legalidad establecida. De este modo, se resucitó una legislación que apenas había sido aplicada desde su aprobación en 1932. El Decreto Ley 520 justificaba la "intervención del poder central en todas las industrias productoras de artículos de primera necesidad que infrinjan las leyes de funcionamiento establecidas por las autoridades administrativas". Esta norma fue utilizada por el Gobierno para nombrar interventores estatales que fiscalizasen el funcionamiento de multitud de compañías privadas con el más leve pretexto. Así, una de las tácticas favoritas era provocar disputas laborales y huelgas en las compañías, a través de las células de Unidad Popular y del Frente de Trabajadores Revolucionarios (FTR) -el sindicato del terrorista Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)- y después alegar que las empresas estaban fallando a la hora de mantener la producción y atender determinados pedidos básicos.

También el gobierno de Salvador (curioso nombre para tan siniestro personaje) Allende se apoderó del sistema bancario chileno. La toma de control por parte del estado de la mayoría de los bancos privados, se llevó a cabo a través de la Corporación Estatal de Fomento (CORFO) que se convirtió en una gigantesca compañía de compra de acciones mediante el manejo de los dineros públicos. Éstos fueron obtenidos tanto por vía de impuestos como de la intensiva impresión de papel moneda. En ocasiones, incluso bastó la simple amenaza de confiscación para sembrar el pánico entre los accionistas, hundir el valor de los títulos y poderlos adquirir a precios irrisorios. La masiva inflación monetaria y las "medidas para combatirla" sirvieron además para establecer un control policíaco sobre la población, que de otro modo hubiese sido inaceptable.

En una entrevista concedida a la revista Der Spiegel, el Ministro de Economía Carlos Matus confesaba: "Si se considera con criterios económicos convencionales nos encontramos, en efecto, en una situación de crisis... Pero lo que es crisis para algunos, para nosotros es solución." La elevada inflación justificó el establecimiento de precios máximos que automáticamente habrían de conducir, como nos explica la Ciencia Económica, al desabastecimiento. Esta carestía, a su vez, sirvió como pretexto para que el gobierno impusiese un sistema de racionamiento que dio a los comités de vecinos -Juntas de Abastecimiento controladas, naturalmente, por los marxistas- considerables poderes para vigilar la vida cotidiana de la población. Al mismo tiempo, manteniendo bajos, por decreto, los salarios de los trabajadores cualificados y los profesionales en tiempos de una desatada inflación, el gobierno iba debilitando la estructura de la clase media chilena.

El objetivo como vimos, era la concentración de todo el poder en manos de los partidos marxistas. Al erosionar las "bases económicas de la burguesía" a través de la redistribución inflacionaria y el control estatal de las compañías privadas, los estrategas marxistas esperaban cambiar el equilibrio de poder de la sociedad chilena. Con el mismo objetivo se puso en marcha la "Operación Asfixia". Se trataba de utilizar de forma discriminatoria e intensiva el poder que se había arrogado el estado para controlar precios, establecer cuotas de producción y racionar a voluntad las reservas necesarias para las importaciones. Al fijar los precios de fabricación de acuerdo a criterios políticos, muchos industriales se encontraron con que tenían que vender sus productos a precios pre-inflacionarios, a pesar del enorme aumento del coste de la mano de obra y las materias primas. Mediante el control de las reservas y las licencias de importación, el Gobierno pudo negar divisas y autorizaciones para adquirir repuestos, por ejemplo, a estaciones de radio o periódicos de la oposición. El experimento chileno volvía a poner de manifiesto una verdad que ya los economistas austriacos Ludwig von Mises y F.A. Hayek habían adelantado: el control por el estado de la economía es el Camino de servidumbre que acaba estrangulando las libertades individuales, la vida privada y el pluralismo ideológico.

Tres años de experimentos socialistas bastaron para que Chile se hallase al borde de una guerra civil. El país se encontró finalmente sin reservas para importar siquiera los aprovisionamientos más básicos. La producción estaba cayendo al ritmo del 10% anual tras haber colocado el gobierno al frente de las industrias nacionalizadas, a incapaces comisarios políticos en sustitución de los anteriores dueños y administradores. En medio de una hiperinflación de cuatro dígitos, las tiendas se encontraban desabastecidas y la mayoría de los bienes de primera necesidad sólo podían encontrarse en el mercado negro.

Finalmente, la crispación social se hizo evidente. Con la connivencia gubernamental, grandes stocks de armamento (principalmente checoslovaco) estaban siendo introducidos en el país y acumulados en los cordones industriales. Con ellos, el MIR se ocupaba en desarrollar la estrategia de un "poder dual" paralelo al gobierno, con milicias armadas y entrenadas por hasta dos mil asesores, sobre todo cubanos, norcoreanos y checos. El objetivo era agilizar la transición al socialismo mediante ocupaciones ilegales de fincas y empresas, así como de asesinatos selectivos de opositores. Igualmente se preparaban para luchar una guerra civil contra las Fuerzas Armadas que, según era evidente, estarían seguramente dispuestas a pelear antes que ver su papel usurpado por una emergente milicia revolucionaria y su país atrapado en las garras del marxismo. Efectivamente, el 11 de septiembre de 1973, tropas bajo la autoridad del general Augusto Pinochet cercaron el Palacio de la Moneda donde se alojaba un Allende que acabaría suicidándose. De este modo concluyó el trienio marxista chileno. Sirva este recordatorio para explicar las auténticas realidades económicas y políticas de un periodo que, todavía hoy, sigue siendo contemplado con nostalgia por la izquierda internacional.